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Gobierno peruano buscará que EEUU extradite a Toledo

El Gobierno del Perú cambió hoy de estrategia y buscará de Estados Unidos la extradición y no ya la deportación del ex presidente peruano Alejandro Toledo, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, anunció en Lima el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.

"El procedimiento que hoy está en marcha es el de la extradición a través de la solicitud del Poder Judicial", dijo Zavala en conferencia de prensa.

El cambio se produjo después de que reputados juristas peruanos coincidieron en que la deportación era "inviable", pues Toledo es residente legal en Estados Unidos y no ha cometido ninguna falta en ese país que amerite que lo saquen a la fuerza.

La deportación le fue pedida por el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una charla telefónica que tuvieron el domingo, pero las críticas llovieron de inmediato por el supuesto desconocimiento de las leyes del país norteamericano.

Una expulsión o deportación hubiese sido un trámite vertigonoso, en el que Estados Unidos podría haber enviado a Toledo a Lima en cualquier momento con permiso de un juez federal. Sin embargo, explicaron los expertos, las condiciones no estaban dadas.

La extradición implicará un proceso que puede tardar meses. En primer término, la Corte Suprema de Justicia elaborará un cuadernillo en que explique el porqué del pedido. Ese texto debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, que luego lo enviará al Departamento de Estado y éste a su vez la Justicia en Washington.

Jueces estadounidenses revisarán las motivaciones y decidirán si Toledo es o no entregado. Al ex presidente (2001-2006) se le acusa de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para que se le encargara la construcción de dos tramos de una carretera que una al Pacífico con el Atlántico. 

El paradero de Toledo, de 70 años, es desconocido desde que el jueves un juez le dictó prisión preventiva por 18 meses en momentos en que estaba en el exterior. Fuentes de los dos países, no obstante, consideran extraoficialmente que está en San Francisco, ciudad en que suele vivir la mayor parte de su tiempo.

Entretanto, el ex presidente Ollanta Humala (2011-2016), cuya esposa, Nadine Heredia, también es investigada formalmente por otro supuesto caso de corrupción vinculado a Odebrecht, anunció hoy disposición a permitir voluntariamente que la Fiscalía inspeccione su casa en busca de material probatorio.

"El fiscal ha tenido la posibilidad de disponer una medida de ese tipo ahora o mucho antes", criticó el abogado de Humala, Julio Espinoza, al revelar la propuesta de su defendido.

A Heredia, acusada por los adversarios de que realmente fue quien condujo al país en el quinquenio de su cónyuge, le atribuye la Fiscalía haber influido para que se le entregara a Odebrecht la construcción de un oleducto de 1.080 kilómetros en el sur del país. Humala solo está incluido como testigo.

Otro testigo del caso es el también ex presidente Alan García (2006-2011), que vive en España pero prometió que estará mañana en Lima para rendir la declaración. El ex mandatario usó Twitter para rechazar especulaciones de prensa de que ya no volvería a Lima.

Contra García tampoco hay hasta ahora ninguna investigación, aunque tres de sus funcionarios, incluido un viceministro, están presos por supuestamente recibir dinero de la constructura brasileña a cambio de un contrato para el metro de Lima. Una ex funcionaria además está en la clandestinidad.

El caso Odebrecht, del que los expertos consideran que aún tiene muchos capítulos para escribir, estalló cuando en diciembre la empresa admitió haber pagado sobornos en varios países de América Latina y África. En solo el Perú, se habla de 29 millones pagados de 2005 a 2014, pero los expertos estiman que el monto y el lapso son considerablemente mayores.

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